TAREAS PENDIENTES EN DERECHOS HUMANOS A los avances en DD.HH. y al "Nunca Más" de los dientes para afuera que saludamos como indicaciones válidas de que algo está cambiando en el país y que nos hacen vislumbrar un futuro por donde el país puede avanzar verdaderamente hacia un reencuentro nacional sobre bases sanas, no podemos dejar de anteponer un gran pasivo que durante el año 2004 no fue asumido: No se ha ratificado el Estatuto de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional. No se ha enfrentado la reforma a la Justicia Militar que reclaman los Organismos Internacionales. No se ha ratificado la Convención Interamericana sobre Desapariciones Forzadas. No se ha firmado el Convenio 169 de la OIT, que reconoce y protege los derechos de los pueblos originarios. No se ha ratificado el protocolo facultativo de la Convención de la O.N.U. contra la Tortura No se ha desarrollado una política en educación de los DD.HH. en el país No ha habido una posición clara y definida de parte del Gobierno en torno al D.L. 2.191 de 1978 sobre amnistía, traspasando esa responsabilidad sólo a los Tribunales de Justicia, y eludiendo un pronunciamiento al respecto. No se ha avanzado en la libertad de expresión y el duopolio cómplice de los crímenes de la dictadura se ha adueñado de la prensa escrita nacional. El gobierno de la Concertación no ha querido devolver los bienes del principal diario chileno El Clarín a sus propietarios españoles y aquí –una vez más- solo cabe esperar un apoyo de la justicia internacional en desmedro de la autóctona que es un poco poltrona cuando se trata de deshacer los entuertos militares.

Sin duda el hito más importante de este año 2004 en materia de DD.HH. lo representó el informe de Comisión de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech), en el que se recoge parte lo que fue esa realidad durante la dictadura militar. Por su parte Canal 13 reconoció un torcido manejo de la información sobre el tema en tiempos del régimen militar, aunque falta que el Duopolio complice de los crímenes de la dictadura haga lo propio; varios dirigentes políticos reconocieron sus responsabilidades pero Fernández y Jarpa siguen remando contra la corriente y la moda del “mea culpa” no se sigue extendiendo. Está claro que la cosa no es fácil, pero es innegable que se ha llegado a reconocimientos que hasta hace poco parecían impensable.

Al contrario de lo ocurrido con el Informe Rettig, cuya validez fue negado en bloque por las FFAA., esta vez el Informe Valech, encontró una amplia acogida y comprensión en el país, produciéndose una variada gama de reacciones de reconocimiento que contribuyeron a crear un clima nuevo de mayor sensibilidad y madurez social.

El punto más negro ha sido la actuación de la Presidenta del CDE, Consejo que se ha ido transformando en una institución aliada de los violadores de DD.HH., pues está a favor de la ley de amnistía y es enemigo de dar reparaciones a las víctimas (atropellando así a la legislación internacional) y merecería que el gobierno hiciera una limpieza a fondo de sus peores elementos para devolverle credibilidad a su propia política de defensa de los DD.HH.. Hay además numerosas quejas y denuncias sobre el maltrato que se está dando a las comunidades aborígenes. El gobierno aplica con entusiasmo una legislación anti-terrorista heredada de la legislación impuesta por la dictadura sin sentirse incómodo. Hay abundante denuncia en la comunidad internacional criticando estos excesos (avalados por el CDE) siendo lo peor los testigos sin rostro que han sido utilizados en los tribunales nacionales para condenar a los verdaderos dueños de Chile, hoy día despojados de sus derechos ancestrales.

Durante el año 2004 fueron aprobadas por el Congreso algunas leyes en el área de DD..HH.. (salvo la propuesta de Incentivos para entrega de información que sigue entrampada ). Sin embargo, otras iniciativas contenidas en “No hay mañana sin ayer” lograron concretarse dando lugar a la Leyes N° 19980 de noviembre, y Nª 19992 de diciembre pasado sobre ampliación de pensiones de reparación , y la Ley N° 19962 de agosto de 2004 que anula antecedentes penales a ex presos políticos, cuerpos legales que vinieron a corregir situaciones anómalas que afectaban a víctimas de la represión de la dictadura militar.

También es necesario resaltar la Ley N°19965 de agosto de 2004. que indultó a varios presos de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS), permitiendo que algunos de ellos recobraran su libertad, y otros accedieran a beneficios carcelarios, proceso en el cual tuvo una decidida participación Monseñor Alfonso Baeza, Presidente del Directorio de FASIC.

Los Jueces con Dedicación Exclusiva y Ministros del Fuero fueron los grandes actores en el avance de las investigaciones por violaciones a los DD.HH., demostrando ser el instrumento más eficaz jamás creado por la judicatura en toda su existencia. Esos Jueces le han devuelto prestigio al Poder Judicial y lo que es más importante, a través de sus resoluciones han permitido que la gente común, el chileno medio, vuelva a creer en la Justicia. Conjuntamente a ese reconocimiento a los Jueces con Dedicación Exclusiva, es necesario destacar el trabajo desempeñado por la Policía de Investigaciones, apoyando esa actividad judicial.

El año 2004, ha sido también el año de las sentencias condenatorias en el tema de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. El gran hito histórico de Miguel Ángel Sandoval Rodríguez, es sólo el inicio de otros fallos condenatorios que ya dictados en primera instancia, están a la espera de ser revisados por los tribunales superiores. Es decir, más allá de aumentar los procesamientos de violadores de DD.HH., que ha sido una constante desde la instalación de los jueces especiales, se ha pasado a una etapa superior, que es de las sentencias condenatorias.

Otro elemento característico de la actividad judicial durante el 2004, ha sido el debilitamiento del hermetismo militar. La DINA, que era el ente más hermético, ha visto debilitada esa connotación con las confesiones prestadas por sus agentes subordinados.

El regreso del Derecho Humanitario Internacional. Finalmente es importante consignar como dato relevante de esa actividad judicial, la tímida, pero persistente utilización del Derecho Humanitario Internacional por parte de los jueces de nuestro país. Los Jueces especiales, reiteran fundamentaciones en sus resoluciones y fallos, afincados en ese Derecho Internacional, lo que aporta un progreso en la calidad de las sentencias, adecuándose esa judicatura a los nuevos tiempos mundiales en que se avanza en un proceso de globalización, que alcanza también al Derecho. Hoy ya no existen dudas en el ámbito judicial chileno, que el Derecho Internacional (jus cogens) prima sobre el Derecho Interno, y eso es una tendencia que se fortalece día a día, haciendo efectiva una real garantía de vigencia y protección de los DD.HH..

Sin embargo, también es necesario señalar que la Corte Suprema, no ha tenido una actitud consecuente, cuando de disponer reparaciones se trata, pues ha revocado las sentencias que han condenado al Fisco a pagar una indemnización a la víctima, negando así este aspecto de la justicia a la que las víctimas tienen derecho. Creemos que la Corte Suprema tiene que ser coherente en sus fallos y si en casos de violaciones a los DD.HH. ha definido claramente que las personas tienen derecho a la verdad y a la justicia, no vemos porqué se niega el complemento judicial obvio que es reparar a las víctimas. De esta manera la Corte Suprema contradice los compromisos internacionales de Chile en esa materia y viola derechamente el Derecho Internacional. (Los Estados están obligados a investigar, procesar, condenar y reparar.)

Sin duda, las Fuerzas Armadas han jugado un rol insoslayable en materia de DD.HH. durante el año 2004, y en especial, el Comandante en Jefe del Ejército, General Emilio Cheyre. Conviene también destacar, que las Fuerzas Armadas presentan distintos niveles de evolución en este tema, siendo lejos el Ejército el que más ha avanzado en asumir esta dimensión de la realidad nacional. La intervención de Cheyre con ocasión del Informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura fue como "el tiro de gracia" que marca definitivamente la nueva política de DD.HH. y un paso altamente positivo que reconocemos y alentamos. Aunque falta un proceso de internalización progresivo de los conceptos emitidos por el General Cheyre en su propia institución, pues aún se presentan signos contradictorios que empañan esa voluntad declarada de un “nunca más”, sobre todo en lo que se refiere a una efectiva colaboración con los Tribunales de Justicia (no dan los nombres de los criminales ni dicen donde están los detenidos-desaparecidos).

Aunque más tibiamente, la Armada también ha dado señales de querer dar "media vuelta por la izquierda" al reconocer que torturó en el Buque Escuela Esmeralda aunque le falta un largo via crucis que recorrer al negarse a aclarar graves crímenes en los que está involucrada, tales como el asesinato del padre Woodward y de entregar los nombres de los responsables-culpables y de sus víctimas.

La Fuerza Aérea ha avanzado a reculones y se encuentra entrampada en varios procesos sobre los cuales no quiere dar ninguna evidencia. En el intertanto varios de sus generales habrían sido impactados por certeros cañonazos de miles de dólares cuando adquirió material de guerra en Europa. Y como guinda sobre la torta, la FACH se niega a gestionar la devolución de su nacionalidad al general constitucionalista de la Fuerza Aérea Sergio Poblete Garcés, tema en el que a la evidencia coinciden con el gobierno de la Concertación.