Intervención de la Red de chilenos en el exterior sobre la ley de migración

INTERVENCION EN LA COMISION DE DERECHOS HUMANOS, NACIONALIDAD Y CIUDADANIA DEL SENADO

Estudio del proyecto de ley sobre migración y extranjería boletín No 8970-06

Santiago de Chile, 15 de julio de 201

Me permito intervenir en esta comisión en mi calidad de representante de una organización de chilenos en el exterior. El Instituto Nacional de Estadísticas estima en más de un millón los connacionales residiendo fuera del territorio nacional, de los cuales la mitad aproximadamente en la República Argentina. 

Las cifras del INE indican también que sobre el 1 037 346 de chilenos en el exterior, 466 643 han nacido fuera del país, de padre y/o madre nacido en Chile. 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) define a un migrante como cualquier persona que se desplaza o se ha desplazado a través de una frontera internacional o dentro de un país, fuera de su lugar habitual de residencia independientemente de su situación jurídica, el carácter voluntario o involuntario del desplazamiento, las causas del desplazamiento o la duración de su estancia. 

Basándonos en esta simple definición es que revindicamos que los chilenos en el exterior somos migrantes, por el hecho de residir, trabajar, estudiar, de manera voluntaria o no, en un lugar diferente al de origen. Esto se aplica también a nuestros descendientes. 

La emigración chilena es un fenómeno no tan reciente como el de la inmigración y se desarrolla principalmente en la segunda mitad del siglo XX. Los emigrantes chilenos tienen diversos orígenes, como la migración a países vecinos producto de catástrofes naturales; Económicos, como los chilenos que han salido y siguen saliendo del país buscando mejores horizontes; Educacionales, de aquellos que por diversos motivos no pueden formarse o perfeccionarse profesionalmente en el país.

Y finalmente políticos desde el exilio de Bernardo O’Higgins en 1823, los que se vieron forzados a abandonar el país durante los peores tiempos de la persecución y crímenes de la dictadura cívico militar entre 1973 y 1990, o los que una vez recuperada la democracia conmutaron penas por el extrañamiento o aquellos que escaparon de una justicia que no garantizaba un trato justo. A todos estos migrantes se suman también sus familiares. 

La comunidad chilena en los distintos períodos de su residencia en el exterior ha luchado y continúa luchando por sus derechos ciudadanos plenos y por el reconocimiento por parte del Estado. Esta comunidad de residentes en el exterior, se ha organizado en diversas asociaciones y organizaciones, de tipo cultural, social, deportiva, profesional, política, de género y otras. 

La Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos es una organización que agrupa a decenas de organizaciones de chilenos en diferentes países del viejo continente. Siempre con el objetivo de informar, debatir y generar propuestas desde la perspectiva de la sociedad civil chilena organizada en el exterior en vista de la construcción de las políticas públicas que nos conciernen, hemos llevado a cabo ocho encuentros continentales en los últimos años. 

En mi calidad de Presidente del Consejo de la Sociedad Civil del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, me ha tocado también vincularme con chilenos residentes en los otros continentes del mundo. Quiero señalar aquí que este consejo es la única instancia en Chile que permite la participación de chilenos organizados en el exterior, ya que desde marzo de este año contempla a tres consejeros del exterior de un total de 18. 

Desde estos ámbitos se viene trabajando y discutiendo sobre las medidas que el Estado de Chile debiera realizar para reconocer su realidad y a partir de esta generar políticas públicas que reparen, reivindiquen y hagan justicia, en especial con los chilenos exiliados y sus familiares. 

El proyecto de Ley que se discute viene a remplazar una ley dictada en condiciones muy diferentes en el país. Los chilenos organizados en el exterior saludamos la inclusión de este título XIII denominado De los chilenos en el exterior, sin embargo es apenas 1% del texto, solo una página de las 92 del proyecto. Los cuatro artículos dedicados, 145, 146, 147 y 148 no avanzan en mejorar o ampliar la relación del Estado de Chile con sus nacionales residentes en el exterior.

La sociedad civil chilena en el exterior trabajó durante años por obtener el derecho a voto en el exterior. Hoy debemos mejorar ese derecho permitiendo una mayor participación, y junto a ello las dos grandes líneas, no exclusivas, de nuestra lucha son: la ciudadanía y el retorno. 

Para esto nos apoyamos en el derecho internacional ratificado por Chile y que atañe a los derechos cívicos y políticos. El artículo 41 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, ratificada por Chile en 2005, hace referencia a los derechos ciudadanos y dice en su punto uno que Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a participar en los asuntos públicos de su Estado de origen y a votar y ser elegidos en elecciones celebradas en ese Estado. 

A su vez, el artículo 67 de la dicha convención hace referencia al retorno, en específico en el punto dos, donde se señala que por lo que respecta a los trabajadores migratorios y sus familiares, los Estados Partes interesados cooperarán de manera que resulte apropiada, con miras a fomentar condiciones económicas adecuadas para su reasentamiento y para facilitar su reintegración social y cultural duradera en el estado de origen. 

En el artículo 145 del proyecto de ley se habla de los derechos de los chilenos en el exterior, para concluir que el Estado de Chile promoverá el ejercicio de los derechos de los ciudadanos chilenos residentes en el extranjero, eliminando de paso un gran porcentaje de chilenos a quienes el mismo Estado no reconoce como ciudadano, a pesar de no estar condenado a pena aflictiva. 

La Constitución Política de la Republica dictada en 1980, y sus posteriores modificaciones, creó una calidad de chileno al que no se le respeta el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía. Estos son los chilenos nacidos en el exterior a los que el artículo 13 de nuestra constitución les exige de manera incomprensible e inaceptable el avecindamiento por un año para alcanzar su calidad de ciudadano. 

En el artículo 146 del proyecto de ley se habla de la promoción del retorno, para cerrar con el Estado de Chile podrá promover el regreso de chilenos que residen en el extranjero. Aquí hay dos problemas. El regreso es volver, cruzar la frontera de vuelta. El retorno, además de regresar, implica la (re)inserción en la sociedad chilena.

Los chilenos en el exterior necesitamos recuperar nuestro espacio, que se reconozcan los títulos profesionales, que podamos ingresar herramientas para ejercer nuestros oficios, así como bienes domésticos exentos de derechos aduaneros, que podamos percibir nuestras pensiones y tener acceso a la salud pública desde el día del regreso, así como a otros beneficios garantizados por el Estado sin obligación de avecindamiento. El Estado debe promover el retorno de sus nacionales, y esto debe estar garantizado en esta ley y hecho realidad a través de una Ley General de Retorno con dignidad. 

Los artículos 147 y 148 del proyecto de ley hablan de información en sede consular y de un registro electrónico voluntario de chilenos en el exterior lo que me parece un relleno innecesario y de mal gusto para el menospreciado Ministerio de Relaciones Exteriores. 

Señalamos con anterioridad que la inclusión de los chilenos en el exterior es necesaria en un proyecto de ley de migración. Consideramos sin embargo a la lectura y estudio del presente proyecto que no hay una voluntad seria de regular la relación entre el Estado y los chilenos en el exterior. 

El párrafo II, sobre el Servicio Nacional de Migraciones, y el párrafo III, sobre el Consejo de Política Migratoria, no establece una relación administrativa con los chilenos en el exterior. El párrafo VI, sobre las Autoridades migratorias en el exterior, establece las funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de las representaciones consulares, sin hacer mención alguna a la relación con los chilenos en el exterior. Esto demuestra que este proyecto tiene una concepción de la migración muy limitada a la urgencia del día de hoy en Chile, y no considera la integración de los migrantes en la sociedad ni el peso de los chilenos en el exterior. Este es un proyecto de extranjería y poco tiene de migración. 

Los chilenos organizados en el exterior creemos que el más de un millón de chilenos fuera del territorio nacional merece más que las 232 palabras en estos cuatro artículos. Una nueva relación entre el Estado y la comunidad chilena en el exterior implica el refuerzo humano, financiero, tecnológico y legal de los consulados. Debemos ir por una Ley General de Retorno con dignidad y una nueva constitución que reconozca los derechos ciudadanos plenos del conjunto de los chilenos, y una región exterior que comprenda circunscripciones y distritos electorales para tener representación en este Congreso nacional. 

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