Conflicto por el agua en el norte de Chile

Aguas en ChilePor M. Méndez, G. Cotterlaz-Rannard, M. Meza, O. Corvacho y H. Romero

Durante el año 1981 se promulgó el Decreto con Fuerza de Ley número 1122, más conocido como el “Código de aguas”. Esta legislación se enmarca en una serie de cuerpos legales que se instauraron entre 1980 y 1984, las cuales buscaban “ordenar económicamente” al país bajo las indicaciones de los denominados Chicago Boys y los lineamientos ideológicos del norteamericano Milton Friedman.

El trasfondo ideológico reduccionista de estas legislaciones lograron la comodificación de la naturaleza, es decir, que los recursos naturales pertenecientes a todos los chilenos se transformaran en bienes de mercado, transables bajo las premisas más puras del laissez faire y los cuales el Estado de Chile ha cedido (y cede) a un muy bajo costo (en el caso de las aguas es gratuitamente) a terceros para su explotación y aprovechamiento. En el caso específico del agua, y tras 30 años de “privatización”, a continuación se abordan algunos conflictos y consecuencias en las que esta legislación juega un rol trascendente; la propiedad y la sobrexplotación del recurso.

Hoy día, nuestro país es escenario de innumerables casos de disputa y escasez de agua (LARRAÍN y POO, 2010), hecho que se ve exacerbado en las zonas donde naturalmente el agua es un elemento escaso, como ocurre en el Desierto de Atacama, situado en el norte de Chile y considerado como el más árido del mundo. La ocupación de este territorio sólo es posible debido a la existencia, de fuentes de agua, actuales y pasadas, superficiales y subterráneas, en la cordillera de Los Andes de este sector (conocido como Altiplano) cuya conservación y manejo adecuado es uno de los problemas geográficos más relevante del Chile actual. La propiedad y uso de las aguas que son requeridas para la conservación de la naturaleza, actividades económicas, asentamiento de las comunidades locales y para los procesos industriales que desarrolla la minería, se encuentran entre los conflictos ambientales y territoriales más significativos en estas regiones.

Asimismo, en este sector de la cordillera de Los Andes se agrupa la mayor cantidad de proyectos de inversiones económicas nacionales y extranjeras de todo el país, especialmente concentrados en las actividades mineras (ROMERO, et al, 2011), las que en cifras del Director Ejecutivo del Consejo Minero, se estiman en unos cien mil millones de dólares en los próximos 10 años (casi la mitad del PIB nacional). En términos concretos, la multiplicidad e importancia de las demandas y actores que se ubican en esta zona, así como sus características socio-naturales, la transforman en uno de los hotspots mundiales de los conflictos territoriales por el recurso hídrico.

En la actualidad, los mayores montos de inversión se están ejecutando o estimando ejecutar en la región de Antofagasta. Este patrón de localización de los proyectos de inversión minera se ha consolidado durante las tres últimas décadas, aunque experimenta cambios espaciales que no sólo tienen que ver con la instalación de nuevos yacimientos sino que también con los conflictos territoriales que se generan con otros sectores económicos. Mientras en la década de 1990 las inversiones mineras más relevantes se ubicaron en las regiones de Tarapacá y Antofagasta, las que se ejecutan en la actualidad implican un desplazamiento hacia el norte y el sur de estas regiones, al incorporar activamente a la región de Atacama, de Coquimbo y en menor medida la región de Arica y Parinacota.

Asimismo, es necesario establecer que la minería no sólo ha atraído grandes inversiones económicas a estas regiones, sino que también ha provocado notables impactos ambientales, especialmente debido a que los yacimientos necesitan elevados montos de recursos hídricos para sus procesos de extracción, procesamiento, producción, disposición final y exportación de sus productos. En el casode la gran minería del cobre, los montos de agua ocupados son muy variables y dependientes del tipo de veta que se esté explotando (oxido o sulfuro) y las condiciones geográficas del yacimiento en sí. Según estimaciones de Lagos (1997) el consumo de agua varía entre 38,5 y 193,3 m³ por tonelada de cobre fino producido (en 2012 Chile produjo 5,43 millones de toneladas), dependiendo de la tecnología de la empresa y el volumen de la producción. Una muestra de aquello es que en la región de Tarapacá las empresas mineras son dueñas del 49,4% de todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados entre 1990 y 2010 (ROMERO, y al, 2011).

Además, cabe recordar que en este escenario de hiperaridez y recursos hidrogeológicos fósiles los capitales mineros nacionales e internacionales extraen sus recursos hídricos desde el subsuelo, desecando las fuentes de bofedales, lagunas y salares, con el consecuenteimpacto sobre los paisajes y la flora y fauna asociadas (YÁÑEZ y MOLINA, 2008; LARRAÍN y POO, 2010). Desde el punto de vista sociocultural, las escasas comunidades indígenas asentadas en las vertientes más altas de los Andes chilenos descansan en una actividad predominantemente agropastoril, por lo que el desecamiento de los humedales y lagunas, afecta directamente la abundancia y disposición de la vegetación de la cual se alimentan sus animales, lo cual ya ha ocurrido en algunas cuencas de la región de Tarapacá y Antofagasta (YÁÑEZ y MOLINA, 2008).

En otro aspecto, las comunidades indígenas localizadas a menor altura, dependen principalmente de la agricultura, por lo que el desecamiento de las vertientes, dependientes de los acuíferos situados en las cuencas y vertientes de mayor altura (SUZUKI y ARAVENA, 1984; RUZ, et al, 2008), afectaría el desarrollo y permanencia de esta cultura en los sectores rurales de las regiones del norte de Chile.

Finalmente, y como se menciona al comienzo del artículo, esta legislación ha tenido un rol esencial en la configuración de los conflictos por el agua en el norte grande durante las últimas tres décadas, no obstante la trastienda histórica de toda la región señala que desde que estas tierras pasaron a formar parte de Chile, tras la Guerra del Pacífico e incluso desde La Colonia, se ha configurado una mercantilización de los recursos naturales a costa de las comunidades indígenas que han habitado estas áridas tierras desde hace mas de 7.000 años .

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